Conversatorio Laudato Si: Acuerdo de Escazú

abril 7, 2021

Organizado por el Movimiento Católico Mundial por el Clima, 350.org e Iglesias y minería, se llevó a cabo el conversatorio Laudato Si´en relación al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018.

El acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril del presente año, después de ser ratificado por 12 países y contar con 24 países firmantes.

Este conversatorio aborda un análisis del acuerdo desde tres aristas que permitan su conocimiento y acercamiento así como su aplicación, exigibilidad y relevancia para Latinoamérica, contando con la participación de 5 panelistas y más de 200 asistentes de diferentes países.

A continuación un breve resumen de las principales ideas compartidas por los panelistas.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Como primer panelista se contó con la participación de Daniel Barrangán de la Universidad de Hemisferios en Ecuador quien compartió de forma integral qué es el acuerdo. Daniel destacó que es el único tratado emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 y el primer tratado regional de Latinoamérica y el Caribe. El Acuerdo de Escazú también es el primer tratado en el mundo en contener disposiciones vinculantes sobre defensores de Derechos Humanos y asuntos ambientales a nivel global.

Daniel Barragán

El panelista señaló que, de esta manera, se reforzará una visión de democracia ambiental, teniendo una relevancia a nivel jurídico ya que ofrece una relación más estrecha en la importancia de la conservación de la naturaleza y garantizar los Derechos Humanos.
Ese enlace permite viabilizar la democracia ambiental que se fundamenta en tres derechos principales:

  • Acceso a la información
  • Acceso a la participación pública
  • Acceso a la justicia en asuntos ambientales

Integrado por 25 artículos, el objetivo del Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso con un enfoque de desarrollo de capacidades y de cooperación como base

para implementar los derechos para lograr el desarrollo sostenible, para vivir en un ambiente sano, disminuir los conflictos socioambientales y contribuir a disminuir la desigualdad en la región.

Se deberá convocar a una primera reunión a un año de la entrada en vigor del acuerdo para definir reglas, términos financieros y en general definir qué protocolos se van a manejar.

¿Qué se espera del Acuerdo de Escazú?

Irene Murillo de Costa Rica participó como parte de la sociedad civil en la última ronda de negociaciones del Acuerdo de Escazú y compartió su opinión respecto a ¿Qué se espera del Acuerdo de Escazú?

Irene Murillo

Además del acceso a los derechos procesales en la parte ambiental mencionados anteriormente, se ha incluido la trascendental adición de un cuarto pilar que es la protección de los defensores y defensoras del ambiente.

¿Cómo hacemos para que se implemente? Irene señala que, recordando los principios se han promovido, la mejor forma de hacer cumplir el acuerdo es contar con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que les corresponde.

Los objetivos del acuerdo son muy ambiciosos, no es obtener el marco jurídico dentro del principio de progresividad, sino garantizar su implementación poniendo una meta compleja en el primer artículo.

Esto se ejecutará mediante el fortalecimiento de capacidades y cooperación entre las partes contando con la Conferencia de las Partes como órgano máximo, quien examinará y fomentará la aplicación y efectividad del acuerdo. Éste se establecerá como un centro de intercambio de información de buenas prácticas para el cumplimiento administrado por la CEPAL.

¿Cómo solicitar el acceso a la información?
Cada parte deberá garantizar el acceso de acuerdo con el principio de máxima publicidad facilitando el acceso a grupos vulnerables, en formato accesible y comprensible; además de que cada parte establecerá mecanismos de revisión independientes para la transparencia en la entrega de la información.

Respecto al tema de defensores y defensoras ha sido lamentable la cantidad de vidas perdidas por sus actividades. Se debe garantizar la integridad personal y la vida de los activistas promoviendo un entorno seguro, sin amenazas ni restricciones.

Países Andinos

Abogada ecuatoriana con amplia experiencia en relaciones internacionales y sostenibilidad, habló sobre la implementación del acuerdo Escazú en los países andinos.

María Amparo Alban

Tomando como contexto que la Laudato Si surge unos meses antes del Acuerdo de París, éste brinda un imperativo moral que da un contexto humano a las decisiones respecto a medio ambiente, destacando la necesidad de nuevos paradigmas asociados a principios.
Escazú nos habla de nuevos paradigmas en donde nos planteamos cómo vivir hacia el futuro, replanteando a la ética como un regulador de las relaciones sociales e internacionales.

Esta visión nos coloca en la realidad de una urgente necesidad de equidad y justicia en cuanto la utilización de los recursos del ambiente distinta, que llama a integrar la justicia en las discusiones respecto al ambiente y obliga a pensar en una ética de relaciones internacionales distinta.

Los países andinos han trabajado en las obligaciones multilaterales de forma activa a partir de Río en 1992; han empujando una agenda de manera progresiva de derechos, con una voluntad política elevada adaptando compromisos desde sus propias constituciones.

La democracia se construye en tanto los ciudadanos puedan acceder a la participación. La capacidad para acceder a la información es cada vez mayor y se necesita instrumentalizar a nivel administrativo o a nivel constitucional.

Escazú genera mayor nivel de compromiso con un acuerdo vinculante. Es un acuerdo de nueva generación que mira el derecho colectivo y las obligaciones de los países en donde se articulan compromisos.

Genera un compromiso con la aplicación de la norma con una obligación adicional poniendo un marco de progresividad, llamando a los estados a desarrollar legislaciones y fortalecer el rol de la democracia participativa y la gobernanza ambiental en territorios para encontrar la paz y la justicia.

Cono sur

Académico de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina retoma el cambio de paradigma en el mundo. Expone que salimos en casi todos los países de Latinoamérica de la visión antropocéntrica y estamos mutando a una visión más sistémica, regulando y diseñando dispositivos legales en función del hombre en relación con la naturaleza.

Pedro Sánchez Izquierdo

Considerando el principio de progresividad en derecho ambiental y de no retroceso se logra en un tratado internacional como Escazú.

La falta de certeza científica no tiene que impedir que tomemos medidas para defender el ambiente. Hay una corriente que habla de derechos globales, teniendo principios y valores de derechos humanos asociados al derecho ambiental.

En los derechos humanos de tercera generación, todos somos responsables de cuidar el ambiente, no solamente el Estado. Aquí es donde Escazú adquiere su relevancia vital. No podemos exigir a los habitantes que defiendan el ambiente si no les brindamos las herramientas necesarias para hacerlo.

Los accesos planteados en Escazú permiten tener información y tener una participación razonada y como última razón el acceso a la justicia, de igual forma que lo dice la Encíclica Laudato Si´, que debemos estar informados en todo momento, incluso después para hacer un seguimiento.

Planteando un análisis de la situación en el Cono Sur en cuanto a las condiciones de acceso a la información en materia legislativa, entendemos Escazú como el acuerdo de las 5 D´s:
Derechos Humanos
Democracia
Desarrollo sostenible
que lucha contra Desigualdades
y protege a los Defensores del medio ambiente.

Una mirada desde una lideresa ambiental

Sobre el acuerdo, Patricia Gualinga, lideresa histórica del Pueblo Kichwa de Sarayaku luchadora de los Derechos Indígenas y de la Naturaleza, señala que el acuerdo de Escazú es complementario a los derechos colectivos consagrados en la Constitución para el cumplimiento de esos derechos basados en los Derechos Humanos, los de los pueblos indígenas y de la naturaleza, es decir la defensa territorial.

Patricia Gualinga

Los intereses estatales están centrados en los territorios indígenas para concesiones en donde se interponen a los derechos de los pueblos. Derivado de la experiencia, se observa que prevalece el derecho económico más que el derecho humano.

Aplaude que exista el acuerdo pero muchas veces la ciudadanía no conoce los acuerdos, por lo que se debe exigir que se aterrice realmente en el territorio, para que no sea una retórica en un escritorio como muchos acuerdos que se firman y no se han cumplido en los espacios territoriales.

El tipo de desarrollo que se plantea no es convincente para los pueblos, porque en su cosmovisión se ve a la naturaleza como algo sagrado, no se puede destruir. No hay justificación. El desarrollo económico no justifica la pérdida de vidas.

Celebra la ratificación del acuerdo por parte de Ecuador, pero demanda que hay que implementarlo realmente para que la naturaleza sea respetada y para que los pueblos indígenas puedan vivir tranquilos, sin necesidad de cuidarse todo el tiempo: “muy caro nos ha costado la defensa de la naturaleza, muy caro nos ha costado denunciar y alzar la voz”. Los defensores han sido asesinados y están siendo asesinados “cada día lloramos la muerte en los diferentes países”.

Llama a que sea el mismo Estado y las autoridades las que entiendan bien qué es el acuerdo y, por su parte, asegura que aplauden el acuerdo pero que se mantendrá pendiente de su aplicación y cumplimiento para que se respete la vida y que se respeten los derechos.

Mira el conversatorio completo aquí: bit.ly/MCMCEscazu